La lógica dice que la obtención de un grado académico está relacionada con la finalización de un proceso de aprendizaje de gran complejidad y sobretodo rigurosidad. Quien tenga un grado académico y/o un título universitario, debiera ser una persona que cumple con ciertos requisitos y es visto por la sociedad como alguien inteligente, cuya opinión es importante y siempre válida.

Este fenómeno es muy parecido al del delantal de los médicos, la gente le da otro valor a las personas con delantal blanco, se presupone que son personas de inteligencia superior y se les respeta. Tanto es así que en Japón se está volviendo el último grito de la moda el uso de estas prendas.

Lamentablemente estos no son más que prejuicios, tal vez no el típico prejuicio que va en desmedro de quien es prejuzgado, pero no es menos grave ya que nos vuelve vulnerables. ¿Cuántos son los casos de personas que se ganan la vida gracias a la compra de un delantal blanco, ejerciendo la profesión de médico sin tener título alguno? La cuestión es que tendemos a aceptar sin cuestionamiento alguno lo que las “personas inteligentes” dicen.

Volviendo al tema de los grados académicos, en la publicación sobre la curiosa proposición de la Editorial Académica Española, hasta el momento hay más de 50 comentarios, la gente se mostró muy interesada en resolver el enigma de la misteriosa editorial que, por nada publica tu tesis y te regala una copia impresa. Los comentarios en general han sido razonables, hay gente que piensa que es un completo fraude, hay gente que los defiende, incluso comentó alguien de la misma editorial para aclarar sus servicios. Sin embargo, hay algunos comentarios que me han decepcionado, comentarios de gente que en pocas palabras y con muy mala ortografía muestran que ni siquiera han leído el artículo principal, que han pasado por alto importantes puntos o que sencillamente están fuera del recipiente.

El tema es que las únicas personas interesadas en leer y sobretodo comentar un tema como éste, son aquellos que hayan realizado algún trabajo académico y que, por lo tanto, han sido contactados por esta editorial para publicar su trabajo. Uno podría suponer que las personas que cumplen requisitos para que se les contacte para publicar un trabajo académico suyo son rigurosas, meticulosas y con claridad mental, pero no, aún hay mensajes del tipo “ay qué hago, díganme qué hacer” o “me llegó un correo de ustedes y me gustaría saber…”

Esta decepción me deja la lección de que hay que ser críticos siempre, un título, un grado académico o un delantal no significan necesariamente que podemos confiar plenamente en lo que se nos diga, para eso tenemos nuestro propio criterio.

Uno de los argumentos que más duele en esta discusión sobre la educación superior en Chile es que el apoyar con más fondos a las universidades del Consejo de Rectores (y en particular a la Universidad de Chile) es “regresivo”, ya que estas universidades captan a los alumnos de las familias con más recursos del país. A cambio, son las privadas nuevas (y los Centros de Formación Técnica y Profesionales) los que reciben a los estudiantes más pobres y los que reciben menos ayuda estatal. Pareciera que la conclusión obvia sería dejar a las tradicionales como están hoy y dedicarse a generar más becas y fondos para las nuevas universidades privadas.

Lo que duele es que el argumento tiene algo de fundamento: las mejores universidades del país reciben sólo alumnos con los mejores puntajes en la PSU, y la PSU tiene un fuerte sesgo socioeconómico. Claro que la conclusión simple del argumento nos lleva rápidamente a un absurdo: habría que dar becas a los peores puntajes de la PSU para que entraran a las peores universidades del país, para ser justos. Y supongo que nadie considera razonable esa “solución”.

La lógica del autofinanciamiento que se aplicó a todo el sistema por igual, afectó fuertemente la misión de las universidades estatales: aquellas que han conservado la calidad, no tienen la opción de seleccionar en forma significativa alumnos por otra vía que la PSU, porque sale caro. Las que han perdido la calidad, han debido jugar el juego de las privadas nuevas: atraer alumnos con malos puntajes, aun sabiendo que no tienen ninguna chance de llegar a ser profesionales de buen nivel. Al final, en todo el sistema existe una sola división importante: las universidades buenas y las universidades malas.

Ahora que el anuncio presidencial nos permita tener esperanzas en que finalmente se inyectarán más recursos en el sistema de educación superior, creo que lo único realmente importante es garantizar que esos recursos no vayan a financiar las estafas que hoy existen en muchas universidades: vender la ilusión de un título de una profesión que el muchacho o muchacha jamás llegará a ejercer. Un sistema de control de calidad obligatorio y exigente resulta indispensable donde el mercado no es transparente y donde la asimetría de información es gigantesca. La prometida superintendencia de educación debiera fiscalizar fuertemente la calidad. Ninguna beca ni subsidio (salvo tal vez un aporte por una vez para mejorar la calidad) debiera ir a parar a una universidad que no logre una calidad mínima. Esas becas “al portador”, en que el alumno elige libremente donde gastarlas, resultan un crimen en este sistema: nos llenaremos de casos como las Becas Valech, donde se crea una oferta fraudulenta para seducir a estos becarios faltos de información. Sólo funcionarían si se define que son válidas en un conjunto de universidades restringidas y bien reguladas.

El sistema de educación superior existente en Chile fracasó. Creo que ese es el único mensaje claro que dieron los cientos de miles de manifestantes en la calle. Corregirlo es difícil y de largo aliento, pero creo que la principal lección que debemos retener es que, en este caso particular, las fuerzas del mercado no operan para mejorar la calidad y bajar los precios. Incluso la masificación del sistema -el único logro claro del sistema- es dudosa: ¿Realmente masificamos la educación superior? ¿No será que estamos vendiendo falsas ilusiones a mucha gente?

Creo que hay que partir trabajando con las buenas universidades existentes: más becas, más apoyos, más igualdad en el acceso. Al resto, hay que ir apoyándolas para que mejoren. Y algunas, simplemente hay que cerrarlas.

Respecto a la educación superior y al lucro de las universidades privadas, quiero compartir dos videos que en 16 minutos deberían dar una visión relativamente clara del tema, sin entrar en consignas políticas que sólo buscan aprovecharse de estos movimientos y terminan desvirtuándolos.

El primero es un fragmento del discurso del Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez en la ceremonia de inauguración del año académico 2011. El segundo es una nota bastante ilustrativa del noticiero de Chilevisión respecto al mismo tema.

La mañana de ayer, se realizó el lanzamiento del proyecto Beauchef 851 o Beauchef Poniente, con la postura de la primera piedra de este proyecto bicentenario, que tiene por objetivo aumentar en aproximadamente un 40% las dependencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

En la ceremonia participaron el Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Brieva, el Alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett y el arquitecto de A4+Borja Huidobro, Sebastián di Girólamo.

En un ambiente distendido, cada uno de los partícipes antes mencionados dirigió unas palabras a los asistentes, entre los cuales fueron invitadas autoridades de la Facultad y ex-decanos de la misma. Posteriormente se guardaron los discursos pronunciados en una cápsula que descansa al interior de la “primera piedra” con el objetivo de ser abierta el año 2111.

Los discursos de Francisco Brieva, Pablo Zalaquett y Víctor Pérez se pueden ver a continuación:

Por José M. Piquer, profesor del Departamento de Cs. de la Computación, FCFM. U. de Chile.

En el mundo, se ha desarrollado una fuerte tendencia hacia la privatización de las universidades. En gran medida, esto ha permitido masificar la educación superior, sin requerir más inversión pública en el sistema. También existen otras razones: las universidades tradicionales se veían como muy conservadoras, elitistas y aisladas de la sociedad, la que cada vez requiere más aporte de conocimiento a su economía y desarrollo.

Por ello, también las universidades estatales se han ido privatizando: han ido cobrando matrículas cada vez más altas, deben competir por fondos abiertos para financiar la investigación y deben buscar inversión privada en proyectos rentables. Chile es uno de los ejemplos más agresivos en el mundo en esta vía hacia la privatización y, junto a Corea del Sur, son los únicos casos en que la enorme mayoría de los costos de la educación superior recae en las familias, con muy poco apoyo de subsidios estatales.

En estos días el país discute una reforma a la educación superior que busca continuar por esta misma vía: hacer que las universidades tradicionales y las privadas nuevas sean iguales (o al menos más iguales que antes), y tengan acceso a los mismos subsidios. Ese escenario va borrando las diferencias entre universidades antiguas y nuevas, y entre estatales y privadas. Por ello es relevante la pregunta: ¿Para qué queremos universidades estatales?

La diferencia básica entre universidad estatal y privada es, obviamente, su dueño. El pertenecer al Estado generalmente conlleva muchos problemas bien conocidos: falta de flexibilidad, falta de movilidad, lentitud y burocracia. El ser privado, conlleva muchas ventajas en todos esos aspectos. Por ello, me ha costado largo tiempo entender para qué sirven las universidades estatales, a pesar de llevar trabajando casi 25 años en una.

La razón para querer tener universidades estatales, a pesar de todos estos problemas, es porque los países necesitan de ellas para garantizar una voz académica, total y completamente independiente, que difunda el conocimiento que en ellas se cultiva. Aunque a veces lo olvidan, los gobiernos y las empresas necesitan un lugar donde poder acudir con preguntas difíciles y tener garantías de que la respuesta será técnica y veraz, independientemente de ser políticamente correcta o no, y libre de todo conflicto de interés. Sólo una universidad estatal y autónoma puede satisfacer ese requerimiento, y aún así es difícil lograrlo en un 100%, porque siempre hay lugar para conflictos de interés donde hay seres humanos.

La única diferencia de fondo entre una universidad estatal y una privada, y lo que garantiza esa independencia y libertad académica, es que la primera tiene un financiamiento estatal de base garantizado y total autonomía en su ejecución presupuestaria. Eso le obliga a cumplir una misión pública: ayudar al país a desarrollarse, rindiendo a la comunidad el fruto de sus acciones, tanto en docencia como en investigación y extensión. Ese fondo no puede ser concursable -o estará sujeto a las prioridades del gobierno de turno- ni privado, porque estará sujeto a los intereses de quienes lo financian. Por supuesto, en estos tiempos modernos, se requiere dar cuenta de esos fondos: qué está haciendo la universidad que justifique ese financiamiento público.

Por esto es que el concepto de universidad estatal autofinanciada es un absurdo, una contradicción en sí. Y por eso es que en Chile el sistema estatal de universidades está prácticamente destruido, salvo muy honrosas (pero escasas) excepciones.

Una universidad privada, o una pública autofinanciada, puede cumplir una misión pública por algún tiempo, pero no está “obligada” a ello. Un cambio de opinión en sus dueños, o un conflicto de interés, puede cambiar esto drásticamente. La única forma de garantizar la independencia y la entrega a la comunidad es contar con un financiamiento estatal basal fuerte.

¿Qué porcentaje del financiamiento total debiera ser ese aporte? Hoy en día parece ser razonable dejar espacio para fondos concursables, aportes privados a proyectos específicos y aranceles para quienes pueden pagarlos. Eso le inyecta dinamismo y preocupación por servir a la sociedad en forma directa. Por lo tanto, no debe ser un 100%. Los franceses dicen un 80%. Nosotros creemos que es como un 50%. Un ejemplo que muestra el problema de pasar por debajo del 50% es el caso de una universidad estatal que se financia en un 70% de los aranceles de pregrado que cobra. ¿Cómo puede tomar los temas de equidad? ¿Cómo puede aplicar criterios de meritocracia o mantener aranceles bajos? ¿Cómo decide abrir una carrera importante para el país pero con pocos alumnos inicialmente?

Por ello, resulta obviamente absurdo tener una universidad estatal con un aporte basal que corresponde al 15% de su presupuesto, como ocurre en la Universidad de Chile. Obtenemos todos los problemas de ser estatales, junto con todos los problemas de ser privados, sin tener las ventajas de ninguno.

Por citar un caso que viví personalmente, el desarrollo temprano de Internet en las universidades chilenas fue liderado por las universidades estatales. Le dedicamos enormes cantidades de tiempo, esfuerzo y recursos de nuestras instituciones a un proyecto en el que nadie creía: ni el gobierno, ni el sector privado, ni nuestras propias autoridades universitarias. Nosotros sentíamos que ese proyecto era importante para el país, y por ello era lógico que le dedicáramos nuestro esfuerzo, era parte de la misión de nuestras instituciones, incluso cuando nuestros rectores no lo entendían así. Es lo que se espera de las universidades estatales. Y dudo que hoy seamos capaces de hacer algo equivalente.

Creo firmemente que el país requiere asignar un financiamiento estable y fuerte a sus universidades estatales, manteniendo una sólida autonomía presupuestaria. Si esto no es posible, es mejor terminar el proceso de privatización entregándoles la propiedad de la universidad a sus académicos, liberándolas de la administración pública y dejándolas compertir como cualquier universidad privada. Jugar a ser estatales, bajo reglas del juego privadas, no nos lleva a ninguna parte, genera tensiones en todas las estructuras y nos obliga a vivir en el peor de los dos mundos.

En un tema que ha estado lleno de discusiones estériles, con posturas radicalizadas y sin sustento en ninguno de sus extremos, la mirada sistemática que aporta esta charla es de extrema utilidad para comprender las dificultades que se presentan al evaluar un proyecto de esta naturaleza, poniendo en orden los temas de principios, medioambientales y de procedimientos institucionales que han sido cuestionados y defendidos por uno y otro sector.

Si bien esta charla está dirigida a estudiantes de Ingeniería Eléctrica, creo que es un excelente aporte para quienes no se conforman con lo que les dicen y quieren saber de qué se trata en realidad esto desde el contexto eléctrico y qué se puede hacer para enfrentar la situación.

Lo más destacado de esta charla es la propuesta para convertir a Chile en un país que se haga cargo del tema energético potenciando la innovación tecnológica, utilizando los excelentes profesionales que tenemos para generar soluciones ambientalmente sustentables, sin necesidad de políticas estatales agresivas, las cuales no podemos aplicar sin un costo social demasiado elevado (al desviar recursos de temas sociales hacia los medioambientales) ni enormes proyectos ambientalmente controversiales.

Finalmente, quiero agregar que si usted no cree que en Chile tenemos la capacidad técnica de innovar tecnológicamente, está profundamente equivocado. Tenemos el capital humano y los conocimientos, sólo nos faltan políticas adecuadas, tanto estatales como privadas, para lograr grandes cosas. Y aún así Chile genera tecnología de altísimo nivel, pero como se aplican a industrias específicas como la minería, la gente no se entera.

Sin aburrir más, dejo el video que grabé, con la colaboración de un amigo, de dicha charla.

Son interesantes las visiones de distintos académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que analizan con la mayor objetividad posible el tema. A pesar de aquello las conclusiones difieren, dependiendo de los aspectos que cada uno considera relevantes e incluso los antecedentes que manejan al respecto, cada uno desde su especialidad.

Destacados académicos e investigadores de la FCFM dan a conocer sus puntos de vista: Roberto Román, Rodrigo Palma, Marcelo Olivares y Ronald Fischer:

A continuación algunos extractos de sus opiniones:

Roberto Román: “Desarrollar el proyecto claramente favorece a las empresas involucradas, pero no favorece el desarrollo del país, no aumenta la seguridad energética y claramente no conducirá a costos de energía menores, pues la generación seguirá concentrada
en muy pocas manos… En resumen: se compromete el desarrollo del país y la ciudadanía en beneficio de un par
de empresas privadas”. Leer columna

Rodrigo Palma: “El proyecto hidroaysén no es estrictamente necesario, pero requiere de coraje y convicción para incursionar proactivamente en el Escenario 3, tomando los riesgos que todo cambio de paradigma requiere. Ciertamente, desde la academia me inclino por el escenario 3, entendiendo el desafío energético actual del país como una gran oportunidad para la innovación y desarrollo”. Leer columna

Marcelo Olivares: “Disponer de un SEIA con altos estándares técnicos y base científica, que aborde adecuadamente la incertidumbre en el marco de una consensuada política energética, ambiental y de recursos hídricos, es un requisito fundamental para que Chile, al igual que todos los países del mundo con potencial hidroeléctrico, pueda hacer uso de estos recursos en forma sustentable”. Leer columna

Ronald Fischer: “Hidroaysén tiene un factor de planta muy elevado, prometiendo un suministro estable y que no produce (salvo por la descomposición inicial de material orgánico sumergido) gases invernadero. En general, los desarrollos hidraúlicos en Chile tienen impacto visual, pero sus perjuicios ambientales son menores… Si deseamos reducir el impacto ambiental, es necesario alcanzar rápido el desarrollo, para así tener la capacidad de destinar recursos a proteger el medio ambiente”. Leer columna

Comunicaciones FCFM-U. de Chile.

Fuente: Beauchef al día

En ausencia de una política energética a nivel país para los próximos años, la planificación de la construcción de nuevas centrales eléctricas responde a criterios económicos asociados al mercado de la energía y al de los derechos de agua. Con respecto a la demanda eléctrica, las proyecciones difieren considerablemente según los supuestos considerados. En un extremo, es posible encontrar proyecciones que permiten concluir a cerca de la necesidad de expandir la oferta eléctrica, justificando así la construcción de HidroAysén y otros proyectos energéticos de gran escala, para no afectar el crecimiento económico de Chile. Como contraparte, otras proyecciones muestran que dada la composición actual de la matriz energética, no sería necesaria la construcción de las centrales en el sur de Chile si se implementan medidas para mejorar la eficiencia energética y fomentar el desarrollo de ERNC.

Por otro lado, el cambio climático global, la emisión de gases de efecto invernadero y el uso racional de los recursos, están siendo cada vez más importantes a nivel mundial. Ante este escenario, creemos ver cambios en la sociedad que hacen pensar que en un futuro, quizás no muy lejano, la forma usual de evaluar proyectos compatibilizará las consideraciones económicas con el concepto de minimizar emisión de gases de efecto invernadero o el consumo de energía. En este contexto, la aprobación de HidroAysén es un mal menor para revertir, en parte, la tendencia de introducir masivamente centrales termoeléctricas basadas en la quema de combustibles fósiles, particularmente carbón, como también evitar la construcción de centrales nucleares. No es sorpresa que todos los países que poseen un potencial hidroeléctrico considerable lo reflejen en la composición de su matriz energética. Más aún, tales países exhiben, en general, mejores índices de desempeño ambiental que aquellos que no poseen gran potencial hidroeléctrico.

El tipo y magnitud del impacto ambiental varía entre las distintas tecnologías disponibles. Las centrales termoeléctricas involucran la emisión de gases a la atmósfera, explotación, transporte y acopio del combustible fósil, contaminación de suelos, descargas al océano de las aguas de refrigeración y la consiguiente modificación de ecosistemas terrestres y acuáticos cercanos a la central. De igual forma, la operación de centrales nucleares incluye, además del riesgo de falla, descargas al océano de grandes caudales de refrigeración, el manejo y disposición de los desechos radiactivos, y la contaminación de suelos, traen consigo la alteración de los ecosistemas terrestres y acuáticos cercanos a la central. Por otro lado, las grandes centrales hidroeléctricas crean embalses artificiales, cambian los regímenes hidrológicos y sedimentológicos de los ríos, modifican las condiciones de hábitat de flora y fauna acuática y anfibia, y producen cambios en la calidad del agua bajo las centrales. Finalmente, las alternativas renovables no convencionales no están exentas de impactos ambientales. A modo de ejemplo, sólo en EE.UU. mueren al año del orden de 400 mil aves producto de turbinas de generación eólica. Obtener 2.500 MW de potencia instalada a partir de centrales mini-hidro requeriría disminuir significativamente el caudal de la gran mayoría de los ríos que aún no han sido intervenidos entre Santiago y Puerto Montt. Menos definida, existe una discusión a nivel mundial respecto de la posible toxicidad de los paneles solares, que los convertiría en desechos tóxicos al término de su vida útil. Lamentablemente, existe poca información sobre estos impactos acumulativos, porque los desastres ecológicos de pequeña escala no acaparan portadas de diarios y revistas como sí lo hacen mega proyectos o mega desastres ambientales.

Aunque reconocemos la importancia de mejorar la eficiencia energética e impulsar el desarrollo basado en ERNC, no podemos dejar de pensar que cerca de 65 mil GWh/año de energía producida para el Sistema Interconectado Central (SIC) provienen de la quema de combustibles fósiles. Si queremos prescindir de estas fuentes, debiéramos aceptar como una alternativa válida la construcción del proyecto HydroAysén, que aportaría al SIC un poco menos de un tercio de la energía producida actualmente mediante la quema de combustibles fósiles. Más aún, la discusión debería ser más amplia e involucrar el modelo de desarrollo que buscamos como país. ¿Es posible desacoplar el crecimiento del uso de energía con el crecimiento del PGB y del ingreso per cápita?¿Podemos coordinar políticas nacionales de desarrollo energético, protección efectiva de nuestro patrimonio ecosistémico y disminución de la pobreza? En este tipo de temas, el Estado no puede actuar de manera reactiva frente a la iniciativa privada.

No queda más que hacer un llamado para evaluar todas las alternativas existentes con la misma vara con que se evalúan las centrales hidroeléctricas.

Por: Alberto de la Fuente, James McPhee, Marcelo Olivares, Yarko Niño, Aldo Tamburrino, Ximena Vargas. Académicos Departamento de Ingeniería Civil-Recursos Hídricos, U. de Chile.

Artículo original disponible en Beauchef al día, con interesantes comentarios como el del Profesor Patricio Cordero:

Al comentar sobre energía nuclear no tomaron en cuenta la posibilidad de una planta nuclear basada en el torio. Si visitan

http://www.cec.uchile.cl/cinetica/pcordero/nuclear.html

verán a qué me refiero.

Acá un brevísimo resumen:

Con torio no existe punto crítico (recalentamiento espontáneo con exceso de radiación), como sí lo tienen el uranio y el plutonio. Esto, porque con torio no existen las reacciones automantenidas. Se dice que son reactores subcríticos. El diseño de una planta de torio requiere de un acelerador de partículas para mantenerlo andado.

El torio produce tan solo una insignificante fracción de residuos que deben ser manejados con mucho cuidado (visitar http://www.cosmosmagazine.com/node/348 ). No necesita ser refinado para su uso y es muy abundante en la naturaleza.

Noruega rechazó en un plebescito de 2006 tener una planta nuclear. Cuando, un año después se les explicó las características de una planta de torio, otro plebiscito (febrero 2007) ganó por un 80% la opción de construir una.

Varios países están estudiando construir plantas de torio, pero aun ninguna existe.

Los residuos del torio no sirven para hacer armas nucleares.

Mi arte está destinado a descansar silencioso y oculto, quizás justo al frente tuyo, quizás en tu bolsillo, mientras toca incansablemente su silenciosa melodía.

Y así mis músicos ejecutarán su sinfonía, con mayor precisión que la más prestigiosa orquesta, pero tan sigilosa que ni notarás su presencia. Ese es el destino de mi arte, pues no está hecho de formas ni colores, sus partituras no expresan amor ni ternura, pero aún así puede hacer danzar a las fuerzas de la naturaleza de manera única, tan compleja que no cabe en mente alguna.

Soy el director de mi orquesta, orquesta de fuerzas naturales, que danzan y circulan en armonía, siguiendo mis partituras hechas de metal, ejecutando su melodía sin fin. Mi intención no es vanagloriarme, pues mi sinfonía no es más que un tímido canto, comparada con la que sostienes en tu mano. Sólo quiero que se valore lo que para muchos no tiene mayor importancia.

De polo a polo recorre el flujo de invisible viento, que hace resonar los instrumentos a través de las partituras y los músicos, vientos cargados de energía que se dividen en mil caminos, para finalmente reunirse tal como al principio. Contemplo con satisfacción mi obra, admiro el dibujo de las partituras y aunque no pueda oir la sinfonía, sí puedo decir que funciona.

RoMaNo 23-04-2011 20:11Hrs – 23:37Hrs.

En muchos aspectos de mi vida, me ha tocado enfrentar discusiones sobre cómo tomar decisiones complejas: por ejemplo asignar el presupuesto anual de un organismo, decidir si aprobar o rechazar un proyecto, elegir al ganador de una licitación, decidir si un académico merece subir de jerarquía, etc. La discusión siempre oscila entre tener reglas claras, conocidas por todos y bien definidas (un algoritmo), contra aplicar el criterio experto de una persona o un grupo de personas (sentido común).

La mayor parte de las veces, los sistemas de toma de decisiones son una mezcla de ambos: un reglamento de carrera académica y una junta de evaluación, o unas bases de licitación con una pauta de evaluación que aplica un comité de evaluadores. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas entre ambos es precario: si los expertos opinan distinto a lo que arrojan las reglas, ¿qué hacemos? Los seres humanos parecemos ordenarnos en dos clases de equivalencia en esos casos: los que creemos que el criterio y el sentido común es lo que importa, y los que creen que lo más importante es cumplir con las reglas. A modo de ejemplo, los abogados chilenos tienden a estar en el segundo grupo, los ingenieros están divididos y los médicos tienden a estar en el primer grupo. Eso explica que alguna gente confunde la ley con la moral: “¿Usted los estafó?” pregunta el periodista, y el acusado responde “no, yo no hice nada ilegal”. También explica que muchos médicos no acepten que el hospital tiene un presupuesto y que no se puede gastar infinito, aunque se trate de vidas humanas.

La discusión no es trivial: las reglas claras favorecen la transparencia y la confianza en que la decisión se tomó sin influencias externas, favoritismos o corrupción; aunque sea una decisión errada. El sentido común favorece la mejor decisión y le da más sentido de responsabilidad al grupo evaluador.

Chile es un país desconfiado y se considera que uno de los mayores obstáculos para hacer negocios acá es el nivel de desconfianza que impera. Creo que eso mismo ha llevado los últimos años a un movimiento cada vez más fuerte hacia sistemas basados en reglas claras, ojalá implementadas por computadores, donde lo único importante es la letra y donde parece que el espíritu fuera muy parecido al pecado. El ideal nacional del Portal de Compras Públicas del Estado sería un algoritmo: un checklist de condiciones de la oferta, y de los que aprueban se escoge al más barato. Asignar Becas Chile: saco promedio de notas, rankeo universidades según Shanghai, rankeo especialidades según necesidades nacionales, filtramos por edad y ¡listo! ¿Para qué voy a incluir seres humanos en la evaluación?

Un ejemplo extremo de este fenómeno lo representa la PSU: un computador decide si yo entro o no a una carrera, sin que ningún ser humano mire mis antecedentes o historia. Cuando hemos propuesto evaluar más integralmente a los postulantes, incluyendo entrevistas personales, ensayos, u observarlos mientras solucionan problemas, la reacción es de terror absoluto: creen que es imposible tener una comisión experta que no se vea influenciada por un telefonazo del ministro para que ayuden a su hijo a entrar.

Antes de seguir, debo dejar en claro que yo me clasifico 100% en los que creen en el sentido común, e incluso diría que no soporto las reglas. En mi experiencia, nunca se logra plasmar en un algoritmo el verdadero criterio de selección que uno quiere tener para tomar una decisión. Mientras más compleja la decisión, peor. Cuando he visto aplicar algoritmos, siempre pasa que uno mira el resultado y dice: “¡Ah!, debimos haber incluido otro criterio”. Las reglas son un zapato chino, que nos obliga a tomar la decisión que no queremos tomar, que sabemos que es errada, pero que respeta las reglas. No hay nada más idiota que seguir un camino errado a sabiendas, sólo porque “está escrito”. El algoritmo que implementa las reglas es la mejor implementación que he conocido de la Estupidez Artificial, es decir, la implementación por computador de un ser humano 100% estúpido.

Por otro lado, creo que el sentido común no es programable, no lograremos nunca (en nuestras vidas, al menos) codificar unas reglas que de verdad implementen el criterio de selección de un comité de expertos, que escojan la mejor opción, el mejor estudiante, el mejor académico. Por eso es que todavía contratamos seres humanos, a pesar de lo difíciles, complicados y caros que son. Si pudiéramos reemplazarlos por computadores, ya lo habríamos hecho sin dudarlo ni un segundo. Me ha tocado batallar mucho con mis computadores y mis sistemas operativos y mis aplicaciones. Pero eso no es nada (de verdad, NADA) comparado con mis empleados, mis pares, mis hijos.

¿Cómo entonces aplicar el sentido común en un país desconfiado? Primero, creo que debemos oponernos a las reglas todo lo posible: mucha gente simplemente no entiende que uno no puede seleccionar postulantes, asignar licitaciones o tomar decisiones por computador. Segundo, creo que hay que tener comités de expertos con plenos poderes para decidir, pero donde sus miembros se hagan responsables de los resultados. La transparencia está en conocer quiénes son sus miembros, cómo se eligen y reemplazan, y cómo se toman las decisiones dentro de ese comité. Pero luego, los miembros del comité votan según sus propios criterios, sin reglas ni computadores que decidan. Tercero: debemos esforzarnos por ser más confiados. ¿Cuántas veces los han realmente estafado en la vida? Hagan un cálculo rápido de porcentaje: ¿Obtienen un 1% de estafa? ¿Un 10%? Luego calculen lo que han gastado en prevenir estafas (contratos draconianos, notarías que retienen los cheques, negocios que han perdido por no confiar). ¿Ustedes creen que realmente vale la pena?